¿Se le ocurriría a alguien que se diga demócrata plantear la supresión de alguno de los derechos ciudadanos para quien sea denunciado por una falta administrativa, por una inobservancia de las ordenanzas municipales como podría ser p. ej la emisión de ruidos molestos?
Justo eso es lo que han propuesto varios dirigentes y cargos electos de partidos tan teóricamente opuestos como PSOE y PP al propugnar que aquellos inmigrantes que posean faltas administrativas contrarias a las ordenanzas relacionadas con civismo y convivencia en su haber, sean rechazados a la hora de solicitar el certificado de convivencia que los ayuntamientos expiden para la posterior tramitación del permiso de residencia por causa de arraigo social.
Es decir, haber pintado un grafiti o hecho un garabato en un árbol, pegar un anuncio en una parada de autobús, jugar p. ej con una pelota o monopatín en un espacio público, hacer malabarismos en un semáforo, escupir en la calle, beberse una cerveza en una plaza, dormir en el banco de un parque, usar jabón en una ducha de la playa, pueden ser motivos para que según las ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona en este caso, se denegara la emisión del correspondiente certificado de convivencia y civismo cuya falta impedirá al inmigrante iniciar su proceso de regularización. Esta persona por lo tanto seguirá siendo un “ilegal”, término con el que suelen calificar algunos a los extranjeros que no poseen la documentación de residencia en regla.
Sería interesante saber si el certificado de convivencia y civismo que se le exige a los inmigrantes es también requerido a los denominados “autóctonos” para realizar algún trámite. Al carecer de carácter penal, la comisión de una o varias faltas no es, con la ley en la mano, motivo para que nadie pueda ser objeto de discriminación o reducción en sus derechos ciudadanos. ¿Por qué entonces se aplica ese doble rasero a inmigrantes y autóctonos?
Y aclaro expresamente: Nadie pide que haya impunidad o que se le otorguen preferencias de ningún tipo a las personas de origen inmigrante. Nada más lejos de mi intención. Lo que quiero transmitir con este artículo es que resulta hipócrita reclamar a los extranjeros que se integren y hagan suyo este país cuando por el otro lado se les trata como ciudadanos de segunda o presuntos delincuentes. En pleno S.XXI la igualdad de las personas – independientemente de su origen – debería ser un valor más que asumido por los habitantes del llamado “Primer Mundo”.
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