En Cataluña, tanto el Pacto Nacional por la Inmigración como la Ley de Acogida, regulan como obligatorios el uso del catalán como lengua vehicular en el proceso de primera acogida de los inmigrantes, y prevén el que estos cuenten con un determinado nivel de conocimientos – aún por fijar – de esa lengua como requisito para su permanencia legal como extranjero en este país. Esto no ocurre en otras comunidades autónomas, ni se le exige al resto de ciudadanos para poder vivir en Cataluña.
El Estatuto de Cataluña establece en sus artículos 6, 32 y 33, la prohibición expresa de tratamientos diferenciales o discriminación hacia ninguna persona, por motivos de idioma. Este texto estatutario dice en su Preámbulo: “Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.”. Si apelamos a lo allí expresado, entonces cada inmigrante – en su condición de persona libre – debería poder escoger el idioma oficial en que desea recibir la formación de primera acogida, en base a su proyecto migratorio particular, sin que la administración pública le obligue a que sea ninguno en particular. Ese sería un real ejercicio de libertad, pero pareciera que no son esos los planes del gobierno autonómico, si nos ceñimos a las más recientes declaraciones de algunos de sus altos cargos. Sigue leyendo
