Pues justo eso es lo que ha puesto sobre la mesa el alcalde de Salt, Jaume Torremadé. “Salt está cansada de decepciones, de conflictos y de verse en los titulares de prensa de manera negativa” dijo Torremadé hace pocas semanas, cuando tomó posesión de su cargo. Suponemos que al hablar de titulares de prensa negativos para Salt, se referirá al proceso judicial en el cual aparece como presunto estafador. Tal vez al mencionar la decepción existente entre la población de Salt, el Sr. Torremadé esté recordando lo que dejó de hacer en materia de integración y cohesión social durante los ocho años en que se desempeñó como alcalde de esa ciudad.

Le ha faltado tiempo a Javier García Albiol, alcalde de Badalona, para respaldar a su colega gerundense en su posición, haciendo un paralelismo entre el porcentaje de extranjeros residentes en Salt y el que existe en algunos barrios de su ciudad. En la línea de su ya tradicional discurso anti-inmigración, el primer edil badalonés abogó por favorecer “a los vecinos de Badalona” en el otorgamiento de ayudas sociales ya que “los que acaban de llegar siempre serán más pobres”. Habrá que recordarle también al Sr. García Albiol lo que expresan al respecto tanto la Constitución como el Estatuto catalán.

Resulta cuando menos curioso que determinados dirigentes políticos, reclamen y se empeñen en que los demás – en este caso los inmigrantes – cumplan a rajatabla con la ley, cuando ellos están dispuestos y plantean abiertamente la violación de la misma. Recordamos al alcalde de Vic, Sr. Vila d’Abadal, proponiendo rechazar la inscripción en el padrón municipal de habitantes de los extranjeros en situación irregular, contraviniendo lo legalmente establecido. ¿Con qué moral puede un alcalde pedirle a los habitantes de su ciudad el apego a la ley cuando ellos son los primeros en proponer violentarla?

Cierto es que la actual situación de crisis económica, ligada a la escasez de recursos que esta provoca y sumada a una más que reprobable política inmigratoria del gobierno español durante lustros, ha ocasionado situaciones complicadas en lo que se refiere a la gestión de la inmigración, pero no es criminalizando, señalando con el dedo ni convirtiendo en chivos expiatorios a las personas de origen inmigrante, como se va a solucionar el asunto. Muy al contrario, un tratamiento irresponsable y poco riguroso a nivel de opinión pública del tema por parte del gobierno y de los políticos, sí que puede precipitar muy negativas situaciones en la convivencia y cohesión social de algunas zonas de Cataluña y resto de España.

Seguro que con estas posiciones, adoptadas por Vila d’Abadal, García Albiol y ahora Torremadé, el partido xenófobo catalán debe estar muy satisfecho. El trabajo sucio se lo están haciendo otros.

Tan necesario se considera  este proceso, que el mismo debe ser certificado oficialmente para poder tramitar los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

Teóricamente, si la persona inmigrante es obediente y accede a recorrer el itinerario de integración establecido, tiene bastantes garantías de convertirse “en uno más”, en un ciudadano de pleno derecho, convirtiendo a la sociedad receptora como suya y viceversa. Veamos lo que ocurre en la realidad, en la vida cotidiana de un inmigrante víctima de la actual situación en España.

Esta persona, después de haber vivido durante tres años en situación migratoria irregular, pudo normalizar su estatus por razón de arraigo. Después de aportar toda clase de documentos y papeles exigidos por la administración pública, se le concedió un permiso temporal con vigencia de un año. A la hora de renovarlo,  hubo de cumplir nuevamente la lista de requisitos solicitados para el trámite, siéndole extendido una renovación para dos años más. Llegado el plazo para la segunda renovación y luego de repetir el mismo trance que en ocasiones anteriores, recibió dos años más de autorización. Una vez caducado dicho plazo – previo cumplimiento otra vez de las condiciones legales – se le otorgó un permiso de residencia de larga duración, por un período de cinco años.

Es decir, después de ocho años de engorrosos trámites cuando no de penosas situaciones personales, producto de su precaria situación migratoria, esta persona ha podido acceder a la relativa estabilidad que ofrece un permiso de residencia con cinco años de vigencia. Bien.

Persona Inmigrante (o Català Nouvingut) como llamaremos a este personaje imaginario, hace ocho años, como mínimo, que vive en España. Supongo que no sería aventurado decir que se encuentra en casa, en el sitio donde ha fraguado su hogar, el lugar donde ha construido su vida más reciente. Y aquí viene la sorpresa, mezclada con estupor e indignación. Resulta que desde las instancias oficiales se ha establecido un “Plan de Retorno” destinado a devolver a sus países de origen a Persona Inmigrante, a Català Nouvingut y a cualquier ciudadano de origen extranjero, que desee “regresar a casa”.

La oferta es jugosa: Se le asignará una ayuda económica (a saber cuando la cobrará) en el país de destino y se le pagarán los gastos del viaje. Si se posee derecho a alguna prestación por desempleo, también le será abonada al completo si se acoge al mencionado plan. A cambio, Persona Inmigrante sólo deberá renunciar a su permiso de residencia y comprometerse a no regresar a España por un lapso de tres años, período que puede ser modificado en cualquier momento mediante una simple Orden Ministerial, según establece el recién aprobado reglamento de la Ley de Extranjería. Bendito Estado de Derecho que nos ampara.

Una amplia mayoría de sociólogos y expertos similares, señalan que el sentido de pertenencia de los individuos hacia la sociedad donde viven, es un factor fundamental para lograr un buen clima de convivencia entre sus miembros. En la medida que una persona se reconoce a sí mismo y se ve reconocido por los demás como miembro del grupo, en esa misma magnitud tiende a actuar positivamente y buscando el beneficio de todos. Y esto aplica en mayor índice a las personas de origen extranjero. Nada mejor para fomentar ese sentido de pertenencia, que ser tratado de forma respetuosa y digna por las instituciones públicas y sus dirigentes.

Ahora, viendo el tratamiento que políticos, legisladores y funcionarios gubernamentales dan a Persona Inmigrante, a Català Nouvingut y demás personas de su condición. Observando cómo se quiere “mandar a casa” a quienes han hecho grandes esfuerzos y sacrificios para construir su vida aquí. Asistiendo a los planes retorno, devoluciones express, derechos reconocidos a medias y resto de menosprecios desde la esfera gubernamental. Si al final, cuando las cosas se ponen color de hormiga, nos conminan a que nos vayamos del lugar del cual teoricamente – y como expresa el propio discurso político-oficial – ya formamos parte, no puede uno contener la pregunta lógica.

Integración: ¿Para qué?

Claro que la presencia de este tipo de organizaciones en  los ayuntamientos catalanes es repudiable, pero particularmente no le doy demasiada importancia a los resultados obtenidos por el clan de los racistas catalanes. El motivo es aritmético: Hace apenas pocos meses, en las elecciones autonómicas, este clan obtuvo 75.321 votos . Los resultados del pasado domingo dicen que han reducido su base de votantes, al haber alcanzado 65.905 votos, lo cual representa una reducción del 13% aproximadamente. Creo que es una noticia positiva, sobre todo después de haber asistido a una campaña electoral en Cataluña, con la inmigración como argumento negativo por parte de varios candidatos.

Hay un detalle que debería llamarnos la atención: En Salt y L’Hospitalet de Llobregat, municipios donde el clan de los racistas catalanes no poseía concejales, se aprobaron recientemente mociones relacionadas con la denegación del permiso de residencia, a aquellos inmigrantes que cometieran faltas a las ordenanzas de civismo. El único partido que votó en contra, en ambas ocasiones, fue ICV-EUiA. No es descabellado pensar, que allá donde partidos como CiU, PSC, ERC y PP respaldaron un enfoque en negativo del tema inmigración, se trasladó a los votantes de esos sitios el mensaje de que se debían movilizar de alguna manera para solucionarlo. ¿Cómo? Votando por quienes ofrecían resolver el problema de raíz.

No me preocupa el clan de los racistas catalanes. Me inquieta – y mucho – la forma en que muchos partidos teoricamente inclusivos, con una posición civilizada frente a la inmigración, allanan el camino para que lleguen a cargos de gobierno, quienes pregonan con el odio, el enfrentamiento y la división social.

Creo que el grado de eficacia en la gestión de los recursos públicos por parte del tripartito, queda perfectamente reflejada en un artículo del diario “EXPANSIÓN” del día 29/03/11 donde se expresaba lo siguiente: “El sector público catalán arrastra ya una deuda consolidada de 40.106 millones de euros, según datos de finales de 2010. Esta cifra, la más alta de la historia de la Generalitat, es superior a la anunciada por el Banco de España, que contabilizó 39.697 millones entre el pasivo de la Administración General y de las empresas públicas. Esta nueva cifra, que ha actualizado recientemente el Govern, supone un incremento del 30% sobre lo declarado a 31 de diciembre de 2009. El dato supone que el tripartito se endeudó por 25 millones diarios en su último año en el poder.”

Lo cierto es que apenas semanas luego de ser reemplazados por Convergencia i Unió (CiU) en el govern, los socialistas catalanes junto a sus ex-socios de ERC e ICV, se han dedicado a acusar y censurar ferozmente al nuevo ejecutivo por las restricciones y recortes presupuestarios recientemente anunciados. Es decir, quienes administraron los recursos públicos catalanes durante los últimos siete años, ahora reclaman y culpan a los gestores recién llegados por la trágica situación financiera de la Generalitat, producto de su ejecutoria gubernamental.

¿Resulta que ahora los culpables del monstruoso déficit fiscal y deuda pública de la Generalitat son el President Mas y CiU? Me parece asombroso el grado de desfachatez al que pueden llegar algunas personas.

En la política – como en todos los aspectos de la vida – se debe tener seriedad y coherencia. No es serio ni tampoco coherente, que quienes dejaron en la ruina las finanzas de nosotros los catalanes, ahora se rasguen las vestiduras y se pongan a la cabeza de las manifestaciones convocadas por sindicatos y otros agentes sociales, en protesta por los recortes presupuestarios anunciados por CiU. Tampoco es serio ni coherente, que aquellas organizaciones y personas que durante años aplaudían y fueron beneficiarios del gobierno tripartito mientras este hipotecaba nuestro futuro, se conviertan de la noche a la mañana en portavoces de la indignación y el malestar social.

Dicho lo anterior, que por favor nadie se confunda: La opinión aquí vertida no significa en absoluto mi respaldo incondicional a las medidas anunciadas por el actual gobierno catalán, no; pero el simple sentido común me indica que en vista de las condiciones en que se encuentran las arcas de la Generalitat debemos llamar las cosas por su nombre y actuar responsablemente. No guiados por la politiquería y el interés electoralista.

Yo le pediría a estos críticos ahora en la oposición, que por lo menos guardaran las apariencias para no dejar tan en evidencia su enfoque claramente demagógico, oportunista y poco justo para con la sociedad catalana que evidencian su actuales posturas.

¿Propuestas y planteamientos para el nuevo govern? Sí, unas cuantas, las recogidas en el manifiesto “Ni un pas enrere” y en la documentación del ” III Congrés del Tercer Sector Social de Cataluña” documentos ambos respaldados por la Taula del Tercer Sector Social, entidad donde tengo el gusto de participar en nombre de la Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña (FASAMCAT).

En razón de nuestra pertenencia al Grupo de Trabajo de Inmigración de dicha organización, me correspondió exponer en nombre de la Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña (FASAMCAT), las proposiciones destinadas a favorecer la plena integración de las personas inmigrantes desde los gobiernos municipales. Estaban presentes como panelistas, candidatos o alcaldes de CiU, PSC, PP, ERC e ICV-EUiA, tres por cada partido.

Una de las propuestas de la Taula en cuanto a inmigración expresa: “Garantizar que los informes de arraigo social de las personas inmigrantes, no supongan un hecho discriminatorio respecto a las personas autóctonas”. Este fue el punto principal de mi exposición, en la cual transmití a los representantes políticos nuestro rechazo a la existencia de esos informes, los cuales crean “de facto” dos clases de ciudadanos dentro de la sociedad catalana. Sobre todo después de las recientes resoluciones de algunos municipios, donde se establece la posibilidad de negar dichos informes – lo cual impediría los trámites de extranjería – en caso de existir alguna falta de civismo por parte del inmigrante.

Pues bien, ni uno sólo de los representantes políticos presentes fue capaz de emitir opinión alguna sobre este tema. Se limitaron a repetir los trillados discursos ya conocidos de sus respectivas formaciones. Lo peor es que no sólo permanecieron impasibles ante este delicado asunto, si no que encima aprovecharon la oportunidad para lanzar ataques contra otros partidos rivales, haciendo uso por enésima ocasión del tema inmigración como arma de diatriba electoral. A lo mejor esta actitud por parte de los políticos, fue producto de que en el auditorio había casi absoluta mayoría de personas de origen no extranjero y ya se sabe, estamos en plena campaña de captación de votos.

De primera mano. Este es el nivel de consideración que poseen algunos dirigentes partidistas catalanes para con los temas que afectan a la población de origen extranjero. A tomar en cuenta.

El día de hoy pude asistir a la jornada de reflexión “Avanzar en derechos políticos de las personas inmigrantes” organizado por la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes de Cataluña AMIC-UGT. Uno de los bloques que componían el evento, consistió en la intervención de representantes de los grupo políticos con presencia en el Parlament de Catalunya. Siete, a saber: CiU, PSC, PP, ERC, ICV, Solidaritat Catalana y Ciudadanos.

Se abordaron diversos temas y hubo intervenciones de especialistas académicos como el Profesor Santiago Castellá. También estuvo el Secretario General de UGT, Josep Ma. Alvarez. Sesudas y cargadas de sentido común sus intervenciones. Sin embargo hubo una circunstancia muy llamativa en mi opinión, protagonizada por los partidos políticos asistentes al acto. Como podía esperarse, todos sus representantes hablaron maravillas acerca de la intención de sus toldas políticas, en cuanto a favorecer la plena integración de los inmigrantes, de reconocer una ciudadanía integral para estos, del gran esfuerzo y empeño que tienen comprometido para que los extranjeros en Cataluña participen de forma plena en todos los espacios de la sociedad. En suma: Si nos guiásemos por las palabras emitidas esta mañana en la Sala de Columnas de UGT en Barcelona, nos parecería que todos los partidos catalanes dan un manejo exquisito a la participación política de los inmigrantes y así lo reflejan – con hechos – en sus respectivas formaciones.

¿Es eso así? ¿Realmente las palabras se corresponden con los hechos? ¿Dan realmente voz y protagonismo los partidos catalanes a los inmigrantes?

Como dice el refrán: “Una imagen vale más que mil palabras” y seguro que mis estimados lectores podrán inferir una respuesta muy acertada a lo planteado anteriormente, después de ver cuantos de los siete representantes políticos presentes en la mesa eran de origen inmigrante:

Para quienes no sepan identificar “quién es quién” en las anteriores imágenes, detallaré nombre, origen y partido al que representan, de izquierda a derecha:

Àngel Colom, no inmigrante, CiU. Josep Durán, no inmigrante, PSC. Susana Clerici, inmigrante, PPC. David Minoves, no inmigrante, ERC. Juan Carlos Villamizar, inmigrante, ICV. Juan Carlos Santos, inmigrante, SIC. Nito Fontcuberta, no inmigrante, C’s.

De siete portavoces, sólo tres eran de procedencia extranjera. Queda patente en la práctica cual es el papel que juegan los inmigrantes dentro de cada partido. Creo que clama al cielo el que algunos partidos catalanes, no sean capaces ni siquiera de dar la portavocía, en un evento organizado para abordar los derechos políticos de los inmigrantes, a uno de estos.

Parafraseando lo dicho por Juan Carlos Villamizar durante su exposición: Algunas formaciones políticas catalanas pareciera que poseen “nouvinguts” en sus filas, sólo para que hagan la tarea de cargarle la maleta al dirigente “autóctono” de turno.

Siguiendo con los refranes, sabiduría popular donde las haya: “Obras son amores, más no buenas razones”.

Representantes de 11 asociaciones de inmigrantes de Cataluña solicitaron ayer  durante una reunión con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se facilite su participación política en la toma de decisiones para lograr su igualdad social con el resto de la población. EL PAIS – 03/08/1999

¿Qué nos encontramos después de más de una década de aquella solicitud? Pues varias cosas: Un considerable aumento en el número de las personas de origen extranjero radicadas en Cataluña, una Ley de Extranjería más restrictiva y rígida de todas las que ha habido hasta la fecha, una escasa presencia de dirigentes y candidatos de origen foráneo en las listas de los partidos políticos, y una cantidad apenas testimonial (Roberto Labandera y Mohamed Chaib) de diputados autonómicos  de dicha procedencia. Ello a pesar de que las personas de origen inmigrante representamos casi el 16% de la población total catalana.

También nos conseguimos con el uso cada vez más frecuente del fenómeno de la inmigración, como argumento electoral usado por los partidos para captar votos. Usando argumentos en negativo, propiciando la ruptura de la convivencia social y aprovechándose de un grupo de la población impedida hoy por hoy en su gran mayoría, de poder expresar su opinión en las urnas electorales.

Es una necesidad, que se proceda cuanto antes al reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros que poseen unos requisitos básicos de estabilidad y arraigo en la sociedad española, como pueden ser el tiempo y el cumplimiento de sus deberes. Una sociedad donde existen ciudadanos de primera y otros de segunda categoría – en función de sus derechos – dificilmente podrá funcionar de manera adecuada y justa. Se habla mucho, muchísimo de integración, de respeto por la cultura y las costumbres del país receptor, y así  creo que debe ser, pero también es necesario que haya coherencia desde los estamentos políticos y gubernamentales, en cuanto a la oportuna adecuación de las normas legales para garantizar la igualdad en derechos de todas las personas radicadas en España. Que cotizamos a la Seguridad Social, que pagamos impuestos, que respetamos íntegramente las leyes vigentes.

No deberíamos dejar pasar otros doce años, de hecho ni un minuto más, sin que se realicen las reformas que corresponda para segurar los derechos políticos de los ciudadanos de origen extranjero. Desde el colectivo inmigrante, debemos poner este tema sobre la mesa de los nuestros legisladores y representantes de los partidos, y mantenerlo allí hasta lograr que dichos cambios se materialicen.

Derechos políticos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos: ¡ya es hora!

El Estatuto de Cataluña establece en sus artículos 6, 32 y 33, la prohibición expresa de tratamientos diferenciales o discriminación hacia ninguna persona, por motivos de idioma. Este texto estatutario dice en su Preámbulo: “Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.”. Si apelamos a lo allí expresado, entonces cada inmigrante – en su condición de persona libre – debería poder escoger el idioma oficial en que desea recibir  la formación de primera acogida,  en base a su proyecto migratorio particular,  sin que la administración pública le obligue a que sea ninguno en particular.  Ese sería un real ejercicio de libertad, pero pareciera que no son esos los planes del gobierno autonómico, si nos ceñimos a las más recientes declaraciones de algunos de sus altos cargos.

El pasado martes 15/03/11, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, explicaba que durante la reunión entre los Consejeros y el Presidente Mas celebrada ese día, se había abordado el tema de los certificados necesarios para que los inmigrantes pudiesen tramitar el arraigo, la reagrupación familiar o la renovación de la residencia. Estas certificaciones serán expedidas en base a los informes de los ayuntamientos y según Homs “la cuestión de la lengua catalana, es un elemento  muy importante, muy determinante” para la emisión de estos documentos a los inmigrantes. En pocas palabras, si un inmigrante no hace su itinerario de acogida en idioma catalán, no hay certificado. Y si no hay certificado, no se puede acceder a la residencia por arraigo, ni a la reagrupación familiar ni a la renovación de residencia. Si esto no es pisotear la libertad de la persona y discriminar a alguien por motivo de idioma, que alguien me explique entonces qué es.

El gobierno catalán debería ser el primer interesado en sacar a los inmigrantes de la primera plana de los periódicos, evitando con ello fomentar el clima de rechazo y división en la sociedad catalana. También debería dar ejemplo en la protección de sus derechos. Declaraciones como las del Sr. Homs van justo en el sentido contrario, y dan preponderancia a un asunto que preocupa relativamente, tan sólo a una pequeña parte de los catalanes. Tampoco transmite una visión precisamente positiva de este tema a la opinión pública, Xavier Bosch, Director General de Inmigración, cuando dice que su propuesta es: “trabajar para que no venga más gente y anticiparnos a las futuras olas migratorias.”. El Sr. Bosch debería explicar entonces qué piensa hacer la Generalitat, para suplir las necesidades y retos que exige la composición demográfica de Cataluña cuando logre su cometido de que “no venga más gente”.

Creo que Homs, Bosch y todos los que alimentan el debate idiomático en torno a la inmigración, se equivocan. Y no porque el aprendizaje y uso del catalán no sea importante, que lo es; pero ojalá y el principal problema de los inmigrantes en Cataluña estuviese allí.

Hasta el momento no hay ninguna encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió ni similar, que haya indagado sobre esos problemas, por lo tanto a falta de esos datos sistemáticamente obtenidos, debemos basarnos en lo que palpamos en la calle, en nuestra cotidiana relación con el mundo de la inmigración,  en nuestra condición además de ser uno de ellos. Obviando supuestos problemas y necesidades que se fabrican desde los despachos oficiales, a golpe de encuestas sesgadas y declaraciones inconvenientes a la prensa. Los tiros van por otro lado.

Las preguntas e inquietudes que uno comparte  con otros inmigrantes en Cataluña son otras, por ejemplo: ¿Ignoran los Sres. Homs y Bosch las infrahumanas y denigrantes condiciones en que malviven centenares de inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros? ¿Por qué no muestran la misma preocupación, al menos, sobre este asunto que respecto de la mostrada sobre el tema del idioma? ¿Saben la odisea que significa para un inmigrante, alquilar un piso en Cataluña? ¿Qué opinan estos altos cargos sobre las identificaciones “selectivas” realizadas por la policía en las calles, en base a los rasgos étnicos de las personas? ¿Conocen Homs y Bosch el bache educativo que existe entre alumnos autóctonos y de origen inmigrante, en perjuicio de estos últimos, y que refleja el último estudio PISA ? ¿Por qué no arremeten de la misma manera contra aquellas empresas que en sus anuncios de empleo, ya no sólo exigen como requisito imprescindible saber catalán, si no que exigen “nivel nativo” para cargos no de traductor ni de corrector de textos, si no de camarero , comercial de bebidas o administrativo de RR HH? Esto último es tan sencillo de verificar como dirgirse al mayor directorio virtual de empleo de España, y colocar  “catalán nativo” en las palabras clave de búsqueda.

Urge un cambio radical del tratamiento de este tema desde las instancias oficiales ¿A qué vamos a esperar para enmendar el rumbo? ¿Que aparezca algún inmigrante apaleado en alguna calle catalana? ¿Que se termine insultando a cualquier extranjero por no hablar bien el catalán? ¿A que las propuestas políticas xenófobas y racistas obtengan mayores cuotas de representación en las instituciones? ¿A que algún “nouvingut” pierda la paciencia ante algún atropello a sus derechos y cometa una locura producto de su hartazgo, irritación y cansancio de ser tratado como ciudadano de segunda?

No nos cansaremos de advertirlo. No quedará por falta de avisos desde nuestra humilde posición. El tema de la inmigración en Cataluña se viene manejando desde hace años de manera poco rigurosa, con escasa sutileza y seny. Esperemos que el gobierno de los mejores cambie eso.

Si el Secretari d’Immigració de la Generalitat (en la sombra), Àngel Colom, dice que: “los inmigrantes tienen que hablar catalán, y punto”.

Al sentenciar Vila d’Abadal, alcalde de Vic lo siguiente: “Si Vic tiene que ser Vic y Cataluña tiene que ser Cataluña, los “nouvinguts” tienen que ser vicenses y tienen que ser catalanes. Ya sé que es muy complicado, que es muy difícil; pero los tenemos que obligar, no se lo tenemos que pedir, los tenemos que obligar a ser de aquí”.

Cuando Mario Sanz, portavoz del PSC en L’Hospitalet de Llobregat, partido que propuso y aprobó, la restricción de la reagrupación familiar contra los inmigrantes que posean alguna falta de civismo dice: “es una cuestión que está en la calle, no se puede rehuir”, y al momento en que García Albiol afirma que: “con 600.000 parados en Catalunya no creo que hagan falta más inmigrantes”. Todos tienen razón. Sanz tiene razón, Vila d’Abadal tiene razón, García Albiol tiene razón. Y Colom también.

Tienen razón si contrastamos esas opiniones con las que recoge la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat donde la gente ha dicho:

En su opinión, los inmigrantes reciben del estado…

Por cuales motivos cree ud. que no se mezclan (los inmigrantes) con el resto de la sociedad:

En su opinión el número de inmigrantes que hay actualmente en Cataluña es…

Aunque tengan los mismos ingresos, se proporcionan mas ayudas escolares a la inmigración que a los/las catalanes/as

Y en la línea de lo que dice la encuesta, el PPC por boca de García Albiol, CiU a través de Colom y Vila d’Abadal y el PSC por voz de Sanz; repiten, machacan y remarcan estas percepciones de la gente. Percepciones, apreciaciones, sensaciones que no se corresponden con la realidad. Y no se quedan en palabras nuestros estimados políticos: Promueven y ejecutan acciones de gobierno tendientes a satisfacer a esa particular tribuna ciudadana que sólo agrupa al 11% de los encuestados.

García Albiol tiene razón, y Colom también si vemos su proceder desde la demagogia, desde la búsqueda de votos apelando a los sentimientos e inquietudes de la población para arañarse un puñado de votos entre sí. Con esa óptica puede decirse que aciertan en sus posturas xenófobas y de menosprecio hacia los inmigrantes.

El problema es que la labor de un político responsable, de un gestor público que está obligado por ley a fomentar la concordia, el entendimiento, los puntos de encuentro entre los distintos sectores sociales, no es la de desempeñarse según soplen los vientos de la opinión pública. Su obligación es poner sobre la mesa y actuar en base a cifras contrastadas, estudios serios, proyecciones y datos concretos, provenientes de especialistas en los diferentes temas – la inmigración en este caso – donde se demuestra que esas percepciones expresadas en la encuesta del CEO son del todo erradas. Hay más que suficientes estudios, análisis y exploraciones sociológicas y científicas, realizadas por organizaciones especializadas en inmigración, que desmienten todos esos estereotipos.

En vez de dedicarse a hacer demagogia, a instrumentalizar el fenómeno de la inmigración como argumento electoral, los políticos catalanes deberían tener la suficiente seriedad para ocuparse, para abordar, para explicar a través de los medios de comunicación, qué están haciendo, cuales son sus planes para resolver los problemas que le quitan el sueño al 67% de los catalanes:

El paro, la precariedad laboral y el funcionamiento de la economía.

Eso es el dato realmente importante que recoge la encuesta del CEO. Según esta la inmigración preocupa sólo al 11% de la población.

Por cierto, que a este organismo, el Centre d’Estudis d’Opinió, alguien debería decirle que no se puede introducir un sesgo estadístico tan flagrante al inicio de una encuesta, como lo han hecho ellos.  La encuesta de marras se inicia con el siguiente enunciado: “Cuando escucha la palabra Inmigración, qué es lo primero que le viene a la cabeza”. Bien. Pues resulta que de las quince opciones diferentes al no sabe/no contesta/otros/nada, puestas a disposición de los encuestados, nos encontramos con que sólo tres poseen connotaciones positivas, a saber: 1)Sentimiento de empatía y solidaridad, 2)efectos positivos sobre la cultura y la economía, 3)analogías con la experiencia de la emigración española. de matiz neutro conseguimos también tres: 1)Extranjeros, 2)Nacionalidades o etnias concretas, 3)necesidad de venir a trabajar. Y con un claro matiz negativo el resto, nada más y nada menos que nueve: 1)Aumento desmesurado de la inmigración, 2)ilegalidad-irregularidad, 3)impacto negativo en el mercado laboral, 4)privilegios y ventajas sociales frente a los españoles, 5)pobreza y desigualdad, 6)sentimientos negativos hacia la inmigración, 7)delincuencia e inseguridad, 8)problemas de integración y convivencia, 9)referencias genéricas a que es un problema.

¿Hasta qué punto es fiable una encuesta donde se introduce al inicio de la misma una importante carga negativa en relación al tema motivo de consulta?

Pero esto nos lo tenemos bien merecido los inmigrantes. El que se nos manipule y utilice desde las esferas políticas. Por no habernos organizado adecuadamente. Por haber dejado una parte de nuestras asociaciones, durante años, en manos de de mangantes, pedigüeños y arribistas de toda calaña, y permitirles actuar en nombre de los extranjeros en Cataluña, de la mano de politiqueros catalanes sin escrúpulos, callando y tragando mansamente con todo lo que se ha hecho (o dejado de hacer) desde los diferentes gobiernos (a todos los niveles y de todos los colores) en políticas (así las llaman) de inmigración.

Suerte y esperanza de que aún hay gente – la mayoría – dentro del asociacionismo inmigrante que trabaja con dignidad, decencia y espíritu de sacrificio. A ellos mi más caluroso abrazo y palabras de ánimo.

Esa es la indefectible pregunta que normalmente se hace en muchos pueblos ibéricos, cuando alguien del lugar detecta que no te conoce. Que no sabe tus apellidos y que por tanto tampoco conoce a tu familia.

Malos tiempos corren en Cataluña para quienes ante esa pregunta no podemos responder que somos descendientes directos de Guifré I “El Pilós”, de Isabel I de Castilla “La Católica”, de Alfonso X “El Sabio” ni de Sunifred II d’Urgell. Aquellos que venimos de fuera; els “nouvinguts”, los inmigrados (sic), que es como nos han bautizado los estudiosos del fenómeno migratorio más reciente en Cataluña, lo tenemos cada vez más crudo para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana desde la condición de extranjeros.

Según la más reciente encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió, aproximadamente la mitad de las personas de nacionalidad española consultadas, se posicionan negativamente respecto de los inmigrantes. El 41% cree que, en términos generales, la inmigración es negativa o muy negativa. Sólo el 31% la considera positiva o muy positiva.

El 69% de los encuestados opina que los inmigrantes obtenemos del Estado más de lo que aportamos, ello a pesar de que el 42% responde positivamente cuando se le pregunta si cree que los inmigrantes contribuimos de forma importante para el desarrollo económico de Cataluña.

En cuanto al idioma, apenas un 4% afirma que este sea un motivo por el que los extranjeros no se mezclan con el resto de la sociedad.

Los mismos extranjeros y sus asociaciones, es considerado por un 34% como el responsable de ayudar a este colectivo en el proceso de integración, poniendo a estas entidades y sus miembros casi al mismo nivel que se le otorga al Estado, que recibe un 35%. Esta apreciación – que ha sido transmitida a los dirigentes políticos durante años desde nuestras asociaciones – debería servir para que de una buena vez, se incluya y tome más en cuenta la opinión de los propios inmigrantes en lo que se refiere a las políticas de inmigración.

La igualdad de derechos y el acceso al trabajo son para el 44% de los interrogados, los factores clave para lograr la integración de los inmigrantes. El 34% opina que es la lengua. Una vez más se aprecia la desconexión que existe entre lo que se opina en la calle, y lo que ejecutan los políticos desde sus sillones. Mientras los catalanes opinan que el dominio del idioma es algo secundario en lo referido a integración, el Govern se empeña en desatender el área de los derechos (más las obligaciones, añado) y acceso al trabajo de los inmigrantes.

A la pregunta: “¿Cómo diría Ud. que los catalanes, en general, tratan a los inmigrantes?” un sorprendente 68% se decanta por “con indiferencia”, “con amabilidad” y “con normalidad (igual que si fuesen catalanes)”, y digo que me sorprende porque simultáneamente el 65% cree aceptable o muy aceptable “que se prefiera contratar a un catalán antes que a un inmigrante”. No es lo mismo predicar que dar trigo, dice el refrán.

Unicamente el 28% de los encuestados dice interactuar mediante una relación de amistad con personas extranjeras. El 72% restante se vincula a través del trabajo, los estudios, la vecindad en el lugar de residencia o la presencia de alguno en la familia.

La opinión está dividida en partes casi guales, entre quienes consideran poco o nada necesario (50%) que se mencione en las noticias la nacionalidad de los que infringen la ley, y los que piensan que sí debe comunicarse esta circunstancia (46%).

Estos son los resultados de la encuesta. Mis comentarios al respecto los publicaré en la próxima entrada del blog:

GARCÍA ALBIOL TIENE RAZÓN. Y COLOM TAMBIÉN…